Esclavitud posmoderno y liberal

Jovi Herrera Alania y Jorge Luis Huamán Villalobos trabajaban en las peores condiciones que alguien podría imaginar. Eran encerrados en containers durante doce horas. Un lugar que no ha sido contemplado para ser usada como habitación para humanos, que no cuenta ni con un baño. Durante oda la jornada se dedicaban a cambiar las marcas de diferentes productos, para que se puedan vender más caro, por supuesto. Más ganancias para Johny Coico Sirlopu, el empleador, que les pagaba 10 soles por día. Sin duda la actividad era ilícita.

Coico Sirlopu se ha ganado el repudio de la población por ser el autor mediato de las muertes. Sin embargo, poco a poco los medios
de comunicación han barajado los nombres de los otros presuntos responsables; todos autoridades porque, ¿cómo es posible que
se trate tan inhumanamente a dos jóvenes y el Estado no haya podido condenarlo?


Bueno, como para agrandar frustración, recién la sociedad se entera que estos casos no son aislados. Muchas personas viven esa misma realidad, día a día, hasta que ya no vivan más. Es importante, entonces, analizar el desempeño del encargado del sector trabajo, el ministro Alfonso Grados quien, justamente, ha anunciado que el 28 de julio anunciará su nueva reforma laboral ¿Su objetivo? La formalización.

Para el problema de la juventud

La estrella del paquete es la Ley que Promueve la Contratación Formal de los Jóvenes, bautizada por los contrarios a esta como “Ley Pulpín 2.0. Está polémica propuesta tiene como fin incentivar la contratación de los jóvenes subsidiando el costo del seguro médico en EsSalud por tres años. Es importante tener claro que la mayor cantidad de informalidad juvenil se concentra en las microempresas, estas aportan al Seguro Integral de Salud (SIS). En cambio, las que sí

aportan a EsSalud son las medianas y grandes empresas, estas dos serían las beneficiadas con la medida. “Si en todo caso se quiere considerar el dar algún subsidio, este debería estar enfocado en las microempresas, que son aquellas que por su tamaño no pueden asumir algunos costos. Pero estos no son los problemas de las MYPEs porque actualmente su régimen ha eliminado derechos laborales para sus trabajadores, no reciben bonificaciones ni CTS. A pesar de ello no se formalizan”, argumenta Javier Rocca, abogado

laboralista y férreo detractor de la gestión de Grados.

El periodista y antropólogo Jaime de Althaus, en cambio, ve con buenos ojos la iniciativa “Tal vez con ella (la ley) no se solucione todo el problema del sector laboral, pero sin duda es un gran avance. Las empresas necesitan ver que la formalidad les traerá beneficios y que no solo significarán duras fiscalizaciones y más gastos.

 

Los tres regímenes

Otra intención que ha manifestado el titular de Trabajo y Promoción del Empleo es el de consolidar tres regímenes laborales: el régimen general, el régimen de exportaciones no tradicionales y el régimen de micro y pequeña empresa (MYPE). Estos dos últimos, son regímenes adaptados a la naturaleza de una industria específica. Nuevamente se aprecian posiciones contrarias. Sobre el régimen de exportaciones no tradicionales, por ejemplo, es celebrada por la Asociación de Exportadores (ADEX) y rechazada por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).

Juan Varillas, presidente de ADEX, se manifestó sobre ella en un comunicado: “genera alrededor de 80 mil puestos de trabajo y permite a las empresas que exportan productos con valor agregado
planificar su producción de manera adecuada y real, por lo que es un verdadero promotor del comercio exterior y la generación de empleo formal”. En las antípodas se encuentra el secretario general de la CGTP, Gerónimo López Sevillano, quien nos asegura que “En la contratación por exportación, el trabajador se encuentra de
por vida contratado a plazo fijo. Eso hace que no ejerza sus derechos colectivos, tiene miedo a las represalias que se podrían dar. Guarda relación con que en el Perú la tasa de sindicalización llegue al 2.5% de la PEA [Población Económicamente Activa], una de las menores tasas en el mundo”.

 

La salud del trabajador

Una de las medidas más debatidas es la promulgada en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Antes era obligatorio para el empleador realizar exámenes médicos ocupacionales a sus trabajadores antes de ingresar a la empresa, cada dos años y al dejar de laborar. Así se certificaba en qué condiciones se entraba a laborar y en cuáles se salía, producto del trabajo, respaldando la integridad del trabajador. Ahora las evaluaciones médicas son sólo cada dos años, y sólo si el empleado lo solicita, al salir de la empresa.

“¿De qué me sirve el de salida si no puedo demostrar las condiciones en las que entré?” se pregunta el dirigente sindical. Mientras que, por otro lado, de Althaus se plantea “¿De qué me va a servir tener leyes que sobreprotejan a los trabajadores si esto hará que se los contrate ilegalmente y no se los proteja ni en lo más mínimo?” Dos retóricas sumamente diferentes, sin duda ideologías diferentes también ¿Resultados? Opuestos. Esperemos que Grados escoja las que traigan el bien para los trabajadores, para que ningún derecho se vuelva a violar.

El Perú 25 años después

La semana pasada un tema copó y agitó la opinión pública: la liberación tras cumplir los 25 años de condena de Maritza Garrido Lecca asimismo como los 25 años tras la captura de Abimael Guzmán.

Por este motivo se han publicado películas, libros, reportajes, entrevistas y también columnas de opinión y enteros noticieros. En la mayoría de los mencionados la participación ha sido ridícula y alarmista y nos evidencia que después de 25 años como sociedad hemos aprendido muy poco. Tanto así que la élite gobernante puede manipular el tema para deslegitimar la protesta de los maestros o para que la derecha acuse de terruco a la izquierda y defensores de los derechos humanos.

El problema es que este recordar, que es vital para que no se vuelva a repetir estos episodios, no están acompañados de una reflexión y análisis profundo de las causas. Si no más bien sirve para meter miedo a la gente y estigmatizar y llevar al ostracismo a grupos que tienen demandas y piden ser escuchados lo que es necesario en una democracia.

Si es que seguimos tratando este tema como hasta ahora: condenando por apología a quienes piden reconciliación y perdón –cosa que es discutible pero no deben ser censurados-, ilegalizando a colectivos políticos y acosando mediáticamente a exsenderistas.

Sendero ya fue derrotado militarmente, debemos entenderlo y no rehuir el discutir sobre el asunto para llegar a acuerdos de una reincorporación a la sociedad. A 25 años del conflicto armado interno necesitamos reconciliación, no impunidad.

 

 

 

¿El patriarcado va a caer?

 

Muchos afirman que el año pasado fue clave para la corriente feminista en nuestro país. Y es que el surgimiento del movimiento “Ni Una Menos” y sus marchas que congregaron a cientos de miles de personas hizo sentir a la sociedad que -como reza la arenga- el patriarcado ya caía. La mujer ha abanderado dos reclamos principales: sentencias justas para los feminicidas y detener la violencia contra su género. Demandas para nada descabelladas, por supuesto. Pero cabe preguntarnos si con la -esperamos- pronta erradicación de tales males se pueda decir que se ha vencido al sistema patriarcal, ¿acaso no hay aún más cosas que -con el machismo internalizado– no tenemos la capacidad de percibir?, ¿qué tanto falta para que el patriarcado, de verdad, termine?

¿Cuál es tu nombre completo? Tú, lector, probablemente contestarás siguiendo la siguiente fórmula: “nombre + apellido paterno + apellido materno” El priorizar el apellido del hombre no se sustenta en la lógica, pero es una práctica muy común en países sudamericanos y más aún en gran parte de Europa, donde los niños suelen ser inscritos solo con el apellido del progenitor hombre ¿Por qué? Bueno, porque por tradición, la madre, cuando se casa, toma el apellido de su esposo. Toda la familia se ve representada bajo el macho alfa, quien se supone es la “cabeza de la familia”, lo que quiere decir que piensa y toma decisiones por esta. La situación está siendo reparada en varios países como Suecia, Italia y Portugal, pero aún ni se ha comentado sobre la cuestión en el Perú por lo que se puede suponer que la importancia del apellido paterno tiene para rato.

Antes de seguir, es importante hacer una aclaración de términos: “feminismo” no es lo opuesto a “machismo”. Por el contrario, el feminismo propugna la equidad y el respeto entre los diferentes sexos, por lo que rechaza cualquier trato diferenciado que tenga como base el sexo de la persona y no sus capacidades como ser humano. Entendiendo este concepto, continuemos con el vistazo a las prácticas diarias para comprobar si es que, efectivamente, podemos cantar la victoria de la igualdad de género.

“Fue mucho estrés los primeros mes   es que tuve a mi bebé, todavía yo era muy joven. Mi pareja me apoyó unos días pero después tuvo que seguir trabajando y yo ya me quede con ella. Me frustraba, llegué a llorar con mi hija en brazos porque no sabía lo que quería”, afirma Daniela, madre primeriza. Y es que otra situación que se ve día a día es esa que se sustenta en la idea de la madre-ama de casa sacrificada que encuentra su forma legal en los descansos maternal y paternal. El objetivo de dichos descansos- según especifican las leyes 26644 (ley de descanso maternal) y 29409 (ley de descanso paternal)– es promover y fortalecer el desarrollo de la familia. Sin embargo, ver las grandes diferencias que hay entre cada asueto- 98 días para las madres y 4 días para los padres-, muestra el rol que asigna la sociedad y sus instituciones a cada sexo en el “fortalecimiento en el desarrollo de la familia”.

En el gobierno pasado, el Ejecutivo propuso aumentar el descanso por paternidad de 4 a 15 días con el objetivo de, a largo plazo, lograr paridad en las licencias. Sin embargo, esta medida nunca fue concretada. “Sería importante que se relance una propuesta como esa porque ahora es como si el Estado avalara la desigualdad. Se hace sentir que el derecho y deber del hombre como progenitor es menor que el de una mujer. Se crea la idea de la súper mamá que todo lo puede y el padre que no participa y, si lo hace, está ayudando a la madre. No es así, nadie ayuda a nadie porque las tareas del hogar no le corresponden inherentemente a un sexo determinado.”, sostiene Maria Ysabel Cedano, directora de la ONG feminista “Demus”.

En esta lista no puede faltar el –cada vez menos difundido- “Mujeres con minifalda entran gratis” o alguno de sus derivados que antaño hacia sonreír a una que otra consumidora cada vez que veía tal anuncio en la entrada de algún pub o discoteca. “Era algo que poco a poco se fue borrando porque las mujeres se dieron cuenta de que la supuesta oferta que nos beneficiaba realmente nos maltrataba y, a la larga, nos condenaba. Era gracioso porque realmente no se nos cobraba porque nosotras eramos las mercancías”, dice indignada Alejandra Camacho, miembro del colectivo “Paremos el Acoso Callejero”. Al parecer el tema adquirió visibilidad crítica desde instancias internacionales cuando, en el 2010, un joven -que no quiso divulgar su identidad- denunció a un pub de la ciudad de Albacete en España por discriminación, ya que este cobraba la entrada a los hombres mientras a las mujeres las hacia entrar gratis. En enero de este año se conoció que el establecimiento había sido sancionado con una multa de 1.500 euros. La sentencia, emitida por El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de Albacete, consideró la práctica del pub como “una conducta arbitraria y discriminatoria”. Ahora es menos frecuente ver tal tipo de promociones. “Y es que la mujer ahora no es ingenua, conoce sus derechos, denuncia”, asegura Arlette Contreras. Ella es una de las responsables de que la desigualdad de género haya entrado al debate público. El benigno fallo del Poder Judicial que otorgaba prisión suspendida por un año a su abusador, Adriano Pozo -por más de que este haya intentado violarla y asesinarla- suscito la indignación de miles de personas. “En las mujeres ha despertado esa conciencia que estaba dormida. Anteriormente no decían nada, se callaban, tenían vergüenza. La mujer ha obtenido valentía, esa valentía que siempre tuvieron pero que no sacaban a flote”, continúa.

Y entonces volvemos a donde empezamos; Ni Una Menos y el Poder Judicial. “Si bien la mujer sumisa ya despertó y ya no tolera más los maltratos, no recibe el apoyo que debería del Estado. Hay un montón de tropiezos que debe seguir una mujer en búsqueda de justicia, porque la justicia peruana no sirve para una mujer que va a denunciar un caso de violencia, para una mujer golpeada, violada. Veo que hay tantos vacíos legales que hacen que la otra parte se aproveche de la situación”. Pese a que su caso es mediático y ha acaparado la atención de distintas organizaciones, no avanza del todo bien. Pese a que toda la nación vio como un hombre desnudo la pateaba y la arrastraba de los cabellos para llevarla a su habitación de hotel. Pese a que cientos de miles de personas salieron a marchar por este y otros casos similares.

Dicho esto, cabe preguntarnos: ¿El patriarcado está a punto de caer?

Las mujeres de Manta y Vilca desde 1984

“Justicia que tarda no es justicia”, reclaman con lágrimas en los ojos las nueve mujeres víctimas de las comunidades huancavelicanas de Manta y Vilca -del caso Manta y Vilca-. Y es que tuvieron que pasar 31 años para que se les abra juicio a los 14 militares que durante el conflicto armado interno torturaron y abusaron sexualmente de ellas. Han pasado dos años más y el proceso no avanza.

No quieren que se conozcan sus nombres, no es relevante en los hechos que aquí se relatarán. Lo relevante es que en ese entonces tan solo eran niñas y adolescentes. Fueron violadas sexualmente por militares de forma sistemática para lograr confesiones y “establecer jerarquías”. La lógica justificadora: eran terrucas, pues; si lo negaban estaban mintiendo y necesitaban de “incentivos” para la revelación; si lo aceptaban merecían más… porque eran terrucas. Viviendo este infierno, gran parte de ellas quedaron embarazadas.

Todo comenzó un 21 de mayo de 1984, fecha que las mujeres de Manta y Vilca nunca olvidarán. Ese día bases militares entraron a sus comunidades haciendo uso del estado de emergencia y alegando que los lugares eran “territorio libre” lleno de terroristas. Sus vidas iban a cambiar, aunque no del modo que ellas imaginaban. Iban a tomar consciencia del modo más duro de lo que es ser mujer y campesina. Esos factores que juntos- en un país machista, impune, centralista y discriminador- te hacen tropezar cada vez que te quieres volver a levantar. No deberían agradecerlo- pero las nueve mujeres de la localidad que ahora disputan un juicio con las fuerzas del orden, esas que debieron cuidarlas- tienen suerte de hablar y de gritar fuerte sus tristes historias. Porque pueden, porque muchas otras no pudieron.

“Las víctimas sufrieron porque nadie les creyó, las responsabilizaron de lo que les había sucedido. Dejaron sus tierras porque en vez de apoyo recibieron maltratos. Tenían entre 14 a 16 años, muchas estaban embarazadas y solas. Pasaron dificultades; no pudieron estudiar, todas sus oportunidades se vieron melladas y disminuidas al desarrollo natural de otras mujeres de su misma generación.”, cuenta Mariel Távara, psicóloga de la ONG Demus, que viene tratando a tres de ellas desde hace siete años. Comenta además que sus tres pacientes sufren ideas paranoicas de persecución y cuadros de depresión, todo como secuela de los hechos traumáticos que les tocó vivir.

En el 2000, por trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), se recogieron 24 testimonios de víctimas que se hicieron de conocimiento público tres años después, con el Informe Final. Tremendo escándalo hubiera sido esperable con la divulgación de tales hechos, pero no. Pasaron los años y el Ministerio Público nunca realizó denuncia alguna. Después de tanto esperar, cuatro años desde la publicación, nueve de las mujeres de la comunidad decidieron denunciar penalmente a sus agresores. Pero llevarlo a cabo no fue una tarea fácil.

Búsqueda de justicia

Ellas cuentan que de las muchas instituciones a las que acudieron, algunas las ignoraron completamente, mientras que otras manifestaron que el caso ya había prescrito y que lo máximo que se podía pedir, en los casos de las que tuvieron hijos producto de la agresión, era que se los reconozcan. Y es que sufrieron de una indiferencia tan metódica que recuerdan como un logro la primera vez que sintieron que alguien del Estado admitía lo que les había sucedido. Fue un fiscal de Huancavelica que escuchó sus testimonios y les dijo que lamentaba mucho lo que les había pasado y que él iba a acusar. Y lo hizo, gracias al fiscal Juan Borja se pudo tener el juicio basándose en que constituía un crimen de lesa humanidad. Alguien las escuchaba y validaba sus historias.

Programaron el 17 de abril del presente año como la fecha en la que iniciaría la toma de sus declaraciones. El juez tomó la decisión de que las audiencias se realizarían con los inculpados presentes. Las mujeres agraviadas aceptaron la medida, aunque esta las afectó de forma notoria, incluso debieron prepararse psicológicamente para el momento. Es que no habían vuelto a tener contacto con sus victimarios desde que ocurrieron los hechos. En ellas la cercanía a estos hombres transforma sus rabias en miedos, vuelven a ser aquellas chiquillas que se sentían impotentes e inferiores en manos de la autoridad, que no discernían bien quienes eran los buenos en esta historia del conflicto interno en el Perú.

Otra circunstancia que llamó la atención fue la decisión de la Sala Penal Nacional de declarar a las audiencias de carácter privado, nadie puede oír lo que allí se cuente. Las mujeres admiten que aún no se sienten listas para contar detalles de los eventos por los que pasaron, pero sí desean que se conozca a grandes rasgos la situación, ya que aseguran que lo que sufrieron no fueron actos esporádicos. Buscan que este proceso aliente a otras mujeres de su comunidad a denunciar ya que, en Manta y Vilca, y en la sierra en general, se sigue violando a niñas y nadie dice nada, es lo normal. Solicitaron por eso que las audiencias sean mixtas (públicas y privadas), pero se rechazó el pedido pretextando el derecho a reserva que ellas poseen, se argumenta que de esta forma se busca proteger su integridad. Contrariamente al propósito, se les niega el derecho a que se conozca la verdad y, en última instancia, a los únicos que se protegería con esta medida es a los militares acusados que niegan lo sucedido y pintan la situación como “la venganza de ex parejas despechadas”.

El reencuentro

El día de inicio de las audiencias, las mujeres llegaron a la Sala Penal Nacional a la hora acordada y volvieron a ver a los militares que cambiaron sus vidas por completo. Para sorpresa de ellas y su pequeño grupo de apoyo- Demus y otros colectivos feministas- el juicio se suspendió porque uno de los abogados de la parte inculpada no se presentó. El proceso de justicia se sigue alargando y los detalles de lo ocurrido se escapan de las memorias sin mitigar el dolor. Probar el delito se vuelve cada vez más difícil, el tiempo no perdona. En mayo se cumplió 33 años desde que bases militares entraron a las comunidades huancavelicanas de Manta y Vilca haciendo uso del estado de emergencia y violaron a las mujeres de la localidad, mayoritariamente niñas y adolescentes.

Ya conocen lo que es ser mujer y campesina a la vez.