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Después de María Elena

Solo recuerda que había mucha sangre. Lo agarraron de la mano y lo sacaron de ese lugar, Villa El Salvador. Ya no volvió a casa. Pasó de Miraflores –casa de una amiga de su mamá-, a un convento, y después a Madrid.

Habían matado a mamá y el país era peligroso. Era el 15 de febrero de 1992

David Pineki Moyano lo cuenta desde España hoy que tiene 33 años, hizo una vida y formó un hogar.

Levanta la voz porque Maritza Garrido Lecca, una ex senderista, acaba de salir de prisión. En estos casos la ley y la justicia se separan. Su liberación le duele.

A David, a los ocho años, le quitaron a su madre y lo desarraigaron de su hogar, porque quedarse no era una opción. Sendero Luminoso lo hizo. Y él no puede perdonar. “No puedo perdonar a quienes no han pedido perdón”, explica. Tiene derecho, probablemente tenga razón.

Fue con el pasar de los años que entendió la complejidad de lo que le había sucedido. Porque él fue la victima que se quedó. Reconstruye a su madre con los textos y las palabras que se le dedican. La revive ahora que ya casi tiene la edad que ella tenía cuando se fue.

Y, por otra parte, también revive a Sendero. Él –lo explicó tajantemente- no cree que cambiar de nombre los haya cambiado. No les cree. “Ellos trataron de hacer una revolución dentro de su forma de pensar, con sangre”, explicaba sobre ellos en un video que subió a las redes sociales.

Pero no retraten a David como una persona llena de odio y resentimientos. “Estoy contento”, dice. Y es que recuerda lo que le repetía mamá una y otra vez: “David, tienes que ser fuerte pase lo que pase”.

 

Reforma laboral

Tal cual anunciaron por todos los medios de comunicación con mucho tiempo de antelación, el próximo 28 de julio el presidente Pedro Pablo Kuczynski y su ministro del Trabajo, Alfonso Grados, tendrán lista la reforma laboral para su promulgación, al parecer muy ansiado por ellos. Ante esto, los trabajadores vislumbran un panorama poco favorable: se viene un paquete de leyes que tendrá como único fin beneficiar a los empresarios, mermándoles derechos. Esto pese a  que durante la campaña electoral del año pasado, PPK se comprometió a velar por los derechos laborales y aseguró no recortarlos. Los decretos promulgados, leyes propuestas y las declaraciones del ministro permiten darse una idea del impacto de este paquete en la situación laboral del país.

Grados convocó a diferentes gremios y empresarios a un Consejo Nacional del Trabajo (CNT) a inicios del año, anunciando un debate para lograr la mejor reforma posible. Sin embargo, la Confederación general de Trabajadores del Perú (CGTP), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Central Autónoma de Trabajadores del Perú (CATP) se retiraron, como forma de expresar su rechazo ante el proyecto antilaboral, como lo llama Gerónimo López, secretario general de la CGTP, quien lideró la separación. “Somos la mayoría, los hemos dejado sin consenso. Ellos querían una mesa fachada para crear la idea en otros países de que en Perú se escucha a los trabajadores, que empresarios y obreros se sientan en la mesa. No es así” sostiene. Asegura que nunca se trató de buscar concertación ni de escuchar voces, se trató más bien de imponer. Por ello, viajará a Ginebra a denunciar a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) cómo es que el gobierno de turno pretende vulnerar sus derechos.

En su primera entrevista ya lo anunciaba. El titular de Trabajo y Promoción del Empleo quiere formalizar, probablemente a toda costa. Incluso con las constantes protestas por parte de los sindicatos, declaró sus intenciones de consolidar tres regímenes laborales: el régimen general, el régimen de exportaciones no tradicionales y el régimen de micro y pequeña empresa (MYPE). Estos dos últimos, son regímenes adaptados a la naturaleza de una industria específica, nacidos con un carácter transitorio: el de exportaciones tenía como finalidad incentivar a esta rama en un periodo específico que, ahora sabemos, se prolongó a la perpetuidad. El régimen MYPE buscaba que estas empresas crezcan y ya no necesiten de esta ayuda que proporcionaba su ley. En los hechos, al tener empleador y empleado, casi por naturaleza, intereses contrarios, dichos regímenes disminuyen los derechos laborales.

No deja de llamar la atención que se considere MYPE a los negocios que perciben hasta 1700 UIT como ingreso anual (unos 6,8 millones de soles) o que tengan entre diez y cien trabajadores. El régimen MYPE recorta las vacaciones y las gratificaciones a la mitad, reduce la CTS y hace más fácil el despido. Todo bajo la excusa de que un mayor número de pequeñas empresas se formalizarán mientras más se les reduzcan los costos.  Por otro lado, el régimen de exportaciones no tradicionales tiene como esencia la inestabilidad laboral justificada en la naturaleza fluctuante de los pedidos que vienen del exterior, algo que Grados ha corroborado llamándolo eufemísticamente facilitar el ciclo laboral.

“En la contratación por exportación, el trabajador se encuentra de por vida contratado a plazo fijo. Eso hace que no ejerza sus derechos colectivos, tiene miedo a las represalias que se podrían dar. Guarda relación con que en el Perú la tasa de sindicalización llegue al 2.5% de la PEA [Población Económicamente Activa], una de las menores tasas en el mundo” explica el abogado laboralista Javier Rocca Soto.

Según el último informe de empleo realizado por el INEI, el 60,5% de los trabajadores laboran en empresas de uno a diez empleados. Lo cual quiere decir que, sumando al personal del sector exportación, el Perú tendría a más de la mitad de la PEA laborando en alguno de los regímenes especiales. Sólo unos pocos gozarán del régimen general, con todos los derechos plenamente reconocidos. Sin lugar a dudas, se crea un mercado laboral discriminatorio.

Otra facilidad que Grados ha dado al empresariado salió en el Decreto Supremo 007-2017-TR y está relacionado con las infracciones. Ahora las multas que ponga la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) podrán ser reducidas en 90% si el sujeto inspeccionado acredita haber subsanado las infracciones (artículo 17). Y además, estás serán racionalizadas (artículo 48), teniendo en cuenta el tamaño de la empresa y lo que puede pagar. Queda en evidencia el gran interés del Ejecutivo por aminorar la carga de los negocios. Tal vez a eso se refiere el ministro con una Sunafil más amigable. “Las reformas deben ir en el sentido de fortalecer la Sunafil y no tanto en adecuar la escala de multas, que a fin de cuentas no va a cambiar mucho las cosas, las mantendrá. Y es que prácticamente lo que se busca es que cuando incumplas, puedas pagarlo, cuando lo que se debería buscar es que no se incumpla. Más allá del tamaño de la multa, lo que necesitamos es que la Sunafil investigue. Sunafil no tiene la capacidad de fiscalizar. Las multas no son en beneficio de los trabajadores, principalmente tienen como destino las arcas, el fisco” continúa Rocca Soto.

Ése es precisamente el punto débil en las reformas laborales. El artículo 3 del mismo decreto precisa que Dentro de un mismo año fiscal, la Autoridad Inspectiva de Trabajo no podrá programar más de una orden de inspección sobre una misma materia respecto del mismo sujeto inspeccionado. Queda prohibido inspeccionar dos veces una misma materia. Con una menor fiscalización, las puertas del abuso y de la informalidad quedarían abiertas ¿Cómo garantizar que una empresa cumple, a la larga, lo que se le recriminó en un primer momento?

Gerónimo López también advierte sobre el Decreto Supremo 009-2017-TR: “Han alargado el tiempo del arbitraje. La norma dice que debe haber seis reuniones de trato directo o durante tres meses para recién ir a un arbitraje. Están atentando con tu derecho a la huelga. Es decir, a mí me obligas a sentarme con el empresario noventa días para cansar a los trabajadores. Y todavía aducen que limitar el arbitraje potestativo busca fomentar la negociación colectiva, cuando está comprobado que desde su implementación, con dicho mecanismo, se resolvieron más pliegos de reclamos”. Dicha aserción se encuentra en el artículo 61-A.

También preocupantes resultan las medidas que atentan contra la dignidad y la calidad de vida de los trabajadores. Por ejemplo, las modificaciones que se han implementado en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Antes era obligatorio para el empleador realizar exámenes médicos ocupacionales a sus trabajadores antes de ingresar a la empresa, cada dos años y al dejar de laborar. En ese sentido, se certificaba en qué condiciones se entraba a laborar y en cuáles se salía, producto del trabajo, respaldando la integridad del trabajador. Ahora las evaluaciones médicas son sólo cada dos años, y sólo si el empleado lo solicita, al salir de la empresa. “¿De qué me sirve el de salida si no puedo demostrar las condiciones en las que entré?” se pregunta el dirigente sindical.

Otras garantías más son suprimidas en aras de la simplificación. El Decreto Legislativo 1246 elimina el Programa de Capacitación Laboral y los Convenios de Aprendizaje para los jóvenes, supuestamente el sector que se busca beneficiar más. Por otro lado, queda abolida la necesidad de registrar los contratos laborales en el Ministerio de Trabajo, causando la desprotección de los trabajadores que no tendrán pruebas para demostrar una eventual violación del acuerdo laboral. “Lo que el ministerio dice es que aumentaran las multas a aquellas empresas que no entreguen la copia de contrato a los trabajadores. Normalmente se les hace firmar documentos en los que se deja constancia de que están recibiendo los documentos del contrato, pero en realidad nunca se dan. Las empresas pueden fácilmente acreditar un hecho falso” refiere Rocca.

Finalmente, la comentada Nueva Ley Pulpín, titulada Ley que Promueve la Contratación Formal de los Jóvenes, señalada como la estrella del paquete. Se incentivará la contratación de los jóvenes subsidiando el costo del seguro médico en EsSalud por tres años (artículo 3). No obstante, la mayor cantidad de informalidad juvenil se concentra en las microempresas, las cuales no aportan a EsSalud, sino al Seguro Integral de Salud (SIS). Los beneficiados con esta ley serían entonces las medianas y pequeñas empresas. “Si en todo caso se quiere considerar el dar algún subsidio, este debería estar enfocado en las microempresas, que son aquellas que por su tamaño no pueden asumir algunas costos. Pero estos no son los problemas de las MYPEs porque actualmente su régimen ha eliminado derechos laborales para sus trabajadores, no reciben bonificaciones ni CTS. A pesar de ello no se formalizan”.

El Ejecutivo arguye que dicho proyecto de ley no recorta derechos, en contraste con la alerta que lanza López. El Proyecto de Ley 1104 en cierto sentido contraviene el Convenio 102 de la OIT, que establece en su artículo 71 que el Estado es el responsable de administrar el equilibrio entre aportaciones del empleador, el trabajador y de las mismas arcas públicas, de acuerdo a la situación económica del país. Ante la evidente realidad de los centros de salud pública en el Perú, retirar las aportaciones de las empresas empleadoras de jóvenes no hará sino mermar el alicaído presupuesto de los hospitales y postas de EsSalud.

El dirigente sindical resume: “Están originando una confrontación entre antiguos y nuevos. El antiguo esta sindicalizado, ha ganado derechos, está a punto de jubilarse y contratan al joven barato. Esto va de la mano con el cese colectivo”. El paquete laboral pareciera calzar íntegramente al empresariado.

Reactivación económica sin populismos ni precarización

Javier Rocca concluye: “El verdadero problema de las MYPEs es que son ahogadas por el sistema financiero, que otorga créditos con altísimos intereses. Lamentablemente en una economía de libre mercado, el Estado, a través de un mecanismo de banca de fomento, no puede promover préstamos a las MYPEs. Se tiene esa reserva para el mercado y la propiedad privada. La existencia de la banca de fomento podría ser una de las alternativas para otorgar créditos a bajos intereses que permitan a las empresas poder salir a flote y formalizar a los trabajadores”.

Por su parte, Gerónimo López sentencia: “Se tiene que desarrollar la industria, el Estado se debe meter ahí; no es el mercado el que debe funcionar sólo con la mano invisible. Ellos erradamente dicen que la mano de obra es cara y por eso no hay inversión. La última vez que hubo crecimiento económico, pequeños grupos se beneficiaron y no compartieron. Por eso ganamos como salario mínimo ochocientos cincuenta soles y se nos pide que estemos felices, cuando sabemos que una canasta básica familiar esta entre dos mil y dos mil trescientos soles. Somos uno de los países con el sueldo más bajo de toda América Latina. El Estado desaparece derechos, genera trabajo precario. El Estado se divorcia de la población”.

“Este paquetazo laboral institucionaliza la inf ormalidad, tiene que ver con el modelo fujimorista. Favorece la formalidad a costa de los trabajadores. La única manera de terminar con esto es en las calles, sino esta mayoría junto al ejecutivo, harán lo que les dé la gana” comenta el congresista frenteamplista Hernando Cevallos Flores, presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, mientras acompaña una protesta de los sindicalistas textiles.

España y El País de España

La posición del diario El País con respecto a la intención independentista catalana ya la conocemos. El medio y sus columnistas líderes de opinión –imposible de negar- se han dedicado a abanderar el “Por una España unida” con bastante fervor. Una posición que analizada aisladamente sería respetable pero que no ha sido formulada de esa manera. La premisa contiene acompañantes que se plantean como imposibles de desvincular, que convierten la causa en un sofisma que es necesario abordar.

El debate sobre el futuro de Cataluña no debería perderse en discusiones económicas. No porque la materia sea irrelevante –todo lo contrario-. Más bien porque – si tenemos que oponer a “España” con “Cataluña”- el mercado ya optó por un favorito. Un promedio de treinta empresas radicadas en Barcelona ya han optado por irse de la ciudad hacia otras del país. Más que una re-acción, la del mercado es una acción que sin duda generará grandes pérdidas para el pueblo catalán.

Centrémonos más bien en la crítica más difundida, la que sostiene que el referéndum fue ilegal y que la acción de Cataluña atentaría contra la Constitución.

Intentando alejarnos de todo apasionamiento, es interesante ver como la premisa ha llegado a ser tan repetida y defendida con gran convicción por muchísimas personas; catalanes y no catalanes, españoles y no españoles, todos con el afán de influir en el porvenir de la comunidad autónoma.

Más allá de que si cada uno ve con buenos o malos ojos una posible separación, la discusión actualmente gira en torno a  que se valide un referéndum. No tener otra cosa que decir sobre eso –y solo repetir “Carta Magna”-  dice más que cualquier cosa.

Gran parte de la sociedad cree que una Constitución está por encima del derecho ciudadano de  participar en la construcción de su realidad. El imaginario común ha normalizado una relación de enajenación entre el individuo y sus derechos con el Estado. Eso parece ser entendido como lo democrático.

Lo que ha hecho el sector pro referéndum, nótese que no necesariamente pro separatista, ya que están los que quieren que su ”No” sea escuchado (el 7,8% de los votantes del 1-O, por ejemplo), no ha sido más que cuestionar esa divergencia entre conciencia social y situación social que sufrimos cual pandemia.

Ya sostenía Carlos Marx que esa clase que dispone de los medios de producción materiales, dispone también de los medios de producción ideológicos para someter en el terreno de las ideas a aquéllos que carecen de poder. Tristemente a este último grupo podríamos llamar ahora ciudadanía. Tenemos una suerte de civilización reprimida y represora.

Freud en “El malestar de la cultura” comenta que esta se concibió con el fin de facilitar la vida en común del mayor número de seres. Los pilares de ella fueron Eros y Ananké (amor y necesidad) y, dado a la evolución a la que nos llevó esta construcción, se esperó que en el proceso de adecuación de cada vez más personas a las comunidades, la armonía se vaya perfeccionando. “No es fácil comprender cómo esta cultura podría dejar de hacer felices a sus miembros”, cuestionaba él. Deberíamos hacerlo todos.

La cultura ahora es también la Ley, es la Constitución española. Esa misma que Pedro Sánchez quiere defender a toda costa, vacíamente. “Por supuesto, nosotros nos vamos a negar a ello [al independentismo catalán]. Estamos dispuestos a reformar la Constitución para hablar sobre cómo Cataluña se queda en España, pero no de cómo se va de España. Esta es una diferencia enorme no solo con los soberanistas, sino con Podemos”, anunció hoy ¿En qué entrampamiento legal quiero llevar a un pueblo?

Digámoslo frontalmente, Cataluña es más de los catalanes. Cada individuo, como ciudadano, debe participar en la toma de decisiones de su comunidad. Ese Estado, en vez de representar los deseos de su pueblo* (lo que se puede hacer solo después de escucharlo), se dedica a anular lo más privado de cada individuo: su opinión. Esta pasa a sus manos para llamarse, apoyarse y protegerse en lo que denomina “democracia”. Invasión triste y autoritaria. España autoritaria.

* Sostenía El País en “10 afirmaciones que sustentan el soberanismo catalán y no son verdad”:

“Pero también los referendos han sido empleados por las peores dictaduras. Los ocupantes nazis de Austria hicieron ratificar el Anchluss (anexión) al Tercer Reich de Adolf Hitler por esa vía, el 10 de abril de 1938. Entre otros detalles, la casilla del sí duplicaba el tamaño de la del no. Resultado: 99,73% a favor.
El franquismo rubricó de igual forma su Ley Orgánica del Estado el 13 de diciembre de 1966, sin libertad para discrepar ni e xistencia de partidos ni de derecho democrático alguno. Resultado: 95% de votos favorables”
Graciosa comparación, nada más que decir.

 

Esclavitud posmoderno y liberal

Jovi Herrera Alania y Jorge Luis Huamán Villalobos trabajaban en las peores condiciones que alguien podría imaginar. Eran encerrados en containers durante doce horas. Un lugar que no ha sido contemplado para ser usada como habitación para humanos, que no cuenta ni con un baño. Durante oda la jornada se dedicaban a cambiar las marcas de diferentes productos, para que se puedan vender más caro, por supuesto. Más ganancias para Johny Coico Sirlopu, el empleador, que les pagaba 10 soles por día. Sin duda la actividad era ilícita.

Coico Sirlopu se ha ganado el repudio de la población por ser el autor mediato de las muertes. Sin embargo, poco a poco los medios
de comunicación han barajado los nombres de los otros presuntos responsables; todos autoridades porque, ¿cómo es posible que
se trate tan inhumanamente a dos jóvenes y el Estado no haya podido condenarlo?


Bueno, como para agrandar frustración, recién la sociedad se entera que estos casos no son aislados. Muchas personas viven esa misma realidad, día a día, hasta que ya no vivan más. Es importante, entonces, analizar el desempeño del encargado del sector trabajo, el ministro Alfonso Grados quien, justamente, ha anunciado que el 28 de julio anunciará su nueva reforma laboral ¿Su objetivo? La formalización.

Para el problema de la juventud

La estrella del paquete es la Ley que Promueve la Contratación Formal de los Jóvenes, bautizada por los contrarios a esta como “Ley Pulpín 2.0. Está polémica propuesta tiene como fin incentivar la contratación de los jóvenes subsidiando el costo del seguro médico en EsSalud por tres años. Es importante tener claro que la mayor cantidad de informalidad juvenil se concentra en las microempresas, estas aportan al Seguro Integral de Salud (SIS). En cambio, las que sí

aportan a EsSalud son las medianas y grandes empresas, estas dos serían las beneficiadas con la medida. “Si en todo caso se quiere considerar el dar algún subsidio, este debería estar enfocado en las microempresas, que son aquellas que por su tamaño no pueden asumir algunos costos. Pero estos no son los problemas de las MYPEs porque actualmente su régimen ha eliminado derechos laborales para sus trabajadores, no reciben bonificaciones ni CTS. A pesar de ello no se formalizan”, argumenta Javier Rocca, abogado

laboralista y férreo detractor de la gestión de Grados.

El periodista y antropólogo Jaime de Althaus, en cambio, ve con buenos ojos la iniciativa “Tal vez con ella (la ley) no se solucione todo el problema del sector laboral, pero sin duda es un gran avance. Las empresas necesitan ver que la formalidad les traerá beneficios y que no solo significarán duras fiscalizaciones y más gastos.

 

Los tres regímenes

Otra intención que ha manifestado el titular de Trabajo y Promoción del Empleo es el de consolidar tres regímenes laborales: el régimen general, el régimen de exportaciones no tradicionales y el régimen de micro y pequeña empresa (MYPE). Estos dos últimos, son regímenes adaptados a la naturaleza de una industria específica. Nuevamente se aprecian posiciones contrarias. Sobre el régimen de exportaciones no tradicionales, por ejemplo, es celebrada por la Asociación de Exportadores (ADEX) y rechazada por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).

Juan Varillas, presidente de ADEX, se manifestó sobre ella en un comunicado: “genera alrededor de 80 mil puestos de trabajo y permite a las empresas que exportan productos con valor agregado
planificar su producción de manera adecuada y real, por lo que es un verdadero promotor del comercio exterior y la generación de empleo formal”. En las antípodas se encuentra el secretario general de la CGTP, Gerónimo López Sevillano, quien nos asegura que “En la contratación por exportación, el trabajador se encuentra de
por vida contratado a plazo fijo. Eso hace que no ejerza sus derechos colectivos, tiene miedo a las represalias que se podrían dar. Guarda relación con que en el Perú la tasa de sindicalización llegue al 2.5% de la PEA [Población Económicamente Activa], una de las menores tasas en el mundo”.

 

La salud del trabajador

Una de las medidas más debatidas es la promulgada en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Antes era obligatorio para el empleador realizar exámenes médicos ocupacionales a sus trabajadores antes de ingresar a la empresa, cada dos años y al dejar de laborar. Así se certificaba en qué condiciones se entraba a laborar y en cuáles se salía, producto del trabajo, respaldando la integridad del trabajador. Ahora las evaluaciones médicas son sólo cada dos años, y sólo si el empleado lo solicita, al salir de la empresa.

“¿De qué me sirve el de salida si no puedo demostrar las condiciones en las que entré?” se pregunta el dirigente sindical. Mientras que, por otro lado, de Althaus se plantea “¿De qué me va a servir tener leyes que sobreprotejan a los trabajadores si esto hará que se los contrate ilegalmente y no se los proteja ni en lo más mínimo?” Dos retóricas sumamente diferentes, sin duda ideologías diferentes también ¿Resultados? Opuestos. Esperemos que Grados escoja las que traigan el bien para los trabajadores, para que ningún derecho se vuelva a violar.

El Perú 25 años después

La semana pasada un tema copó y agitó la opinión pública: la liberación tras cumplir los 25 años de condena de Maritza Garrido Lecca asimismo como los 25 años tras la captura de Abimael Guzmán.

Por este motivo se han publicado películas, libros, reportajes, entrevistas y también columnas de opinión y enteros noticieros. En la mayoría de los mencionados la participación ha sido ridícula y alarmista y nos evidencia que después de 25 años como sociedad hemos aprendido muy poco. Tanto así que la élite gobernante puede manipular el tema para deslegitimar la protesta de los maestros o para que la derecha acuse de terruco a la izquierda y defensores de los derechos humanos.

El problema es que este recordar, que es vital para que no se vuelva a repetir estos episodios, no están acompañados de una reflexión y análisis profundo de las causas. Si no más bien sirve para meter miedo a la gente y estigmatizar y llevar al ostracismo a grupos que tienen demandas y piden ser escuchados lo que es necesario en una democracia.

Si es que seguimos tratando este tema como hasta ahora: condenando por apología a quienes piden reconciliación y perdón –cosa que es discutible pero no deben ser censurados-, ilegalizando a colectivos políticos y acosando mediáticamente a exsenderistas.

Sendero ya fue derrotado militarmente, debemos entenderlo y no rehuir el discutir sobre el asunto para llegar a acuerdos de una reincorporación a la sociedad. A 25 años del conflicto armado interno necesitamos reconciliación, no impunidad.

 

 

 

¿El patriarcado va a caer?

 

Muchos afirman que el año pasado fue clave para la corriente feminista en nuestro país. Y es que el surgimiento del movimiento “Ni Una Menos” y sus marchas que congregaron a cientos de miles de personas hizo sentir a la sociedad que -como reza la arenga- el patriarcado ya caía. La mujer ha abanderado dos reclamos principales: sentencias justas para los feminicidas y detener la violencia contra su género. Demandas para nada descabelladas, por supuesto. Pero cabe preguntarnos si con la -esperamos- pronta erradicación de tales males se pueda decir que se ha vencido al sistema patriarcal, ¿acaso no hay aún más cosas que -con el machismo internalizado– no tenemos la capacidad de percibir?, ¿qué tanto falta para que el patriarcado, de verdad, termine?

¿Cuál es tu nombre completo? Tú, lector, probablemente contestarás siguiendo la siguiente fórmula: “nombre + apellido paterno + apellido materno” El priorizar el apellido del hombre no se sustenta en la lógica, pero es una práctica muy común en países sudamericanos y más aún en gran parte de Europa, donde los niños suelen ser inscritos solo con el apellido del progenitor hombre ¿Por qué? Bueno, porque por tradición, la madre, cuando se casa, toma el apellido de su esposo. Toda la familia se ve representada bajo el macho alfa, quien se supone es la “cabeza de la familia”, lo que quiere decir que piensa y toma decisiones por esta. La situación está siendo reparada en varios países como Suecia, Italia y Portugal, pero aún ni se ha comentado sobre la cuestión en el Perú por lo que se puede suponer que la importancia del apellido paterno tiene para rato.

Antes de seguir, es importante hacer una aclaración de términos: “feminismo” no es lo opuesto a “machismo”. Por el contrario, el feminismo propugna la equidad y el respeto entre los diferentes sexos, por lo que rechaza cualquier trato diferenciado que tenga como base el sexo de la persona y no sus capacidades como ser humano. Entendiendo este concepto, continuemos con el vistazo a las prácticas diarias para comprobar si es que, efectivamente, podemos cantar la victoria de la igualdad de género.

“Fue mucho estrés los primeros mes   es que tuve a mi bebé, todavía yo era muy joven. Mi pareja me apoyó unos días pero después tuvo que seguir trabajando y yo ya me quede con ella. Me frustraba, llegué a llorar con mi hija en brazos porque no sabía lo que quería”, afirma Daniela, madre primeriza. Y es que otra situación que se ve día a día es esa que se sustenta en la idea de la madre-ama de casa sacrificada que encuentra su forma legal en los descansos maternal y paternal. El objetivo de dichos descansos- según especifican las leyes 26644 (ley de descanso maternal) y 29409 (ley de descanso paternal)– es promover y fortalecer el desarrollo de la familia. Sin embargo, ver las grandes diferencias que hay entre cada asueto- 98 días para las madres y 4 días para los padres-, muestra el rol que asigna la sociedad y sus instituciones a cada sexo en el “fortalecimiento en el desarrollo de la familia”.

En el gobierno pasado, el Ejecutivo propuso aumentar el descanso por paternidad de 4 a 15 días con el objetivo de, a largo plazo, lograr paridad en las licencias. Sin embargo, esta medida nunca fue concretada. “Sería importante que se relance una propuesta como esa porque ahora es como si el Estado avalara la desigualdad. Se hace sentir que el derecho y deber del hombre como progenitor es menor que el de una mujer. Se crea la idea de la súper mamá que todo lo puede y el padre que no participa y, si lo hace, está ayudando a la madre. No es así, nadie ayuda a nadie porque las tareas del hogar no le corresponden inherentemente a un sexo determinado.”, sostiene Maria Ysabel Cedano, directora de la ONG feminista “Demus”.

En esta lista no puede faltar el –cada vez menos difundido- “Mujeres con minifalda entran gratis” o alguno de sus derivados que antaño hacia sonreír a una que otra consumidora cada vez que veía tal anuncio en la entrada de algún pub o discoteca. “Era algo que poco a poco se fue borrando porque las mujeres se dieron cuenta de que la supuesta oferta que nos beneficiaba realmente nos maltrataba y, a la larga, nos condenaba. Era gracioso porque realmente no se nos cobraba porque nosotras eramos las mercancías”, dice indignada Alejandra Camacho, miembro del colectivo “Paremos el Acoso Callejero”. Al parecer el tema adquirió visibilidad crítica desde instancias internacionales cuando, en el 2010, un joven -que no quiso divulgar su identidad- denunció a un pub de la ciudad de Albacete en España por discriminación, ya que este cobraba la entrada a los hombres mientras a las mujeres las hacia entrar gratis. En enero de este año se conoció que el establecimiento había sido sancionado con una multa de 1.500 euros. La sentencia, emitida por El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de Albacete, consideró la práctica del pub como “una conducta arbitraria y discriminatoria”. Ahora es menos frecuente ver tal tipo de promociones. “Y es que la mujer ahora no es ingenua, conoce sus derechos, denuncia”, asegura Arlette Contreras. Ella es una de las responsables de que la desigualdad de género haya entrado al debate público. El benigno fallo del Poder Judicial que otorgaba prisión suspendida por un año a su abusador, Adriano Pozo -por más de que este haya intentado violarla y asesinarla- suscito la indignación de miles de personas. “En las mujeres ha despertado esa conciencia que estaba dormida. Anteriormente no decían nada, se callaban, tenían vergüenza. La mujer ha obtenido valentía, esa valentía que siempre tuvieron pero que no sacaban a flote”, continúa.

Y entonces volvemos a donde empezamos; Ni Una Menos y el Poder Judicial. “Si bien la mujer sumisa ya despertó y ya no tolera más los maltratos, no recibe el apoyo que debería del Estado. Hay un montón de tropiezos que debe seguir una mujer en búsqueda de justicia, porque la justicia peruana no sirve para una mujer que va a denunciar un caso de violencia, para una mujer golpeada, violada. Veo que hay tantos vacíos legales que hacen que la otra parte se aproveche de la situación”. Pese a que su caso es mediático y ha acaparado la atención de distintas organizaciones, no avanza del todo bien. Pese a que toda la nación vio como un hombre desnudo la pateaba y la arrastraba de los cabellos para llevarla a su habitación de hotel. Pese a que cientos de miles de personas salieron a marchar por este y otros casos similares.

Dicho esto, cabe preguntarnos: ¿El patriarcado está a punto de caer?

Las mujeres de Manta y Vilca desde 1984

“Justicia que tarda no es justicia”, reclaman con lágrimas en los ojos las nueve mujeres víctimas de las comunidades huancavelicanas de Manta y Vilca -del caso Manta y Vilca-. Y es que tuvieron que pasar 31 años para que se les abra juicio a los 14 militares que durante el conflicto armado interno torturaron y abusaron sexualmente de ellas. Han pasado dos años más y el proceso no avanza.

No quieren que se conozcan sus nombres, no es relevante en los hechos que aquí se relatarán. Lo relevante es que en ese entonces tan solo eran niñas y adolescentes. Fueron violadas sexualmente por militares de forma sistemática para lograr confesiones y “establecer jerarquías”. La lógica justificadora: eran terrucas, pues; si lo negaban estaban mintiendo y necesitaban de “incentivos” para la revelación; si lo aceptaban merecían más… porque eran terrucas. Viviendo este infierno, gran parte de ellas quedaron embarazadas.

Todo comenzó un 21 de mayo de 1984, fecha que las mujeres de Manta y Vilca nunca olvidarán. Ese día bases militares entraron a sus comunidades haciendo uso del estado de emergencia y alegando que los lugares eran “territorio libre” lleno de terroristas. Sus vidas iban a cambiar, aunque no del modo que ellas imaginaban. Iban a tomar consciencia del modo más duro de lo que es ser mujer y campesina. Esos factores que juntos- en un país machista, impune, centralista y discriminador- te hacen tropezar cada vez que te quieres volver a levantar. No deberían agradecerlo- pero las nueve mujeres de la localidad que ahora disputan un juicio con las fuerzas del orden, esas que debieron cuidarlas- tienen suerte de hablar y de gritar fuerte sus tristes historias. Porque pueden, porque muchas otras no pudieron.

“Las víctimas sufrieron porque nadie les creyó, las responsabilizaron de lo que les había sucedido. Dejaron sus tierras porque en vez de apoyo recibieron maltratos. Tenían entre 14 a 16 años, muchas estaban embarazadas y solas. Pasaron dificultades; no pudieron estudiar, todas sus oportunidades se vieron melladas y disminuidas al desarrollo natural de otras mujeres de su misma generación.”, cuenta Mariel Távara, psicóloga de la ONG Demus, que viene tratando a tres de ellas desde hace siete años. Comenta además que sus tres pacientes sufren ideas paranoicas de persecución y cuadros de depresión, todo como secuela de los hechos traumáticos que les tocó vivir.

En el 2000, por trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), se recogieron 24 testimonios de víctimas que se hicieron de conocimiento público tres años después, con el Informe Final. Tremendo escándalo hubiera sido esperable con la divulgación de tales hechos, pero no. Pasaron los años y el Ministerio Público nunca realizó denuncia alguna. Después de tanto esperar, cuatro años desde la publicación, nueve de las mujeres de la comunidad decidieron denunciar penalmente a sus agresores. Pero llevarlo a cabo no fue una tarea fácil.

Búsqueda de justicia

Ellas cuentan que de las muchas instituciones a las que acudieron, algunas las ignoraron completamente, mientras que otras manifestaron que el caso ya había prescrito y que lo máximo que se podía pedir, en los casos de las que tuvieron hijos producto de la agresión, era que se los reconozcan. Y es que sufrieron de una indiferencia tan metódica que recuerdan como un logro la primera vez que sintieron que alguien del Estado admitía lo que les había sucedido. Fue un fiscal de Huancavelica que escuchó sus testimonios y les dijo que lamentaba mucho lo que les había pasado y que él iba a acusar. Y lo hizo, gracias al fiscal Juan Borja se pudo tener el juicio basándose en que constituía un crimen de lesa humanidad. Alguien las escuchaba y validaba sus historias.

Programaron el 17 de abril del presente año como la fecha en la que iniciaría la toma de sus declaraciones. El juez tomó la decisión de que las audiencias se realizarían con los inculpados presentes. Las mujeres agraviadas aceptaron la medida, aunque esta las afectó de forma notoria, incluso debieron prepararse psicológicamente para el momento. Es que no habían vuelto a tener contacto con sus victimarios desde que ocurrieron los hechos. En ellas la cercanía a estos hombres transforma sus rabias en miedos, vuelven a ser aquellas chiquillas que se sentían impotentes e inferiores en manos de la autoridad, que no discernían bien quienes eran los buenos en esta historia del conflicto interno en el Perú.

Otra circunstancia que llamó la atención fue la decisión de la Sala Penal Nacional de declarar a las audiencias de carácter privado, nadie puede oír lo que allí se cuente. Las mujeres admiten que aún no se sienten listas para contar detalles de los eventos por los que pasaron, pero sí desean que se conozca a grandes rasgos la situación, ya que aseguran que lo que sufrieron no fueron actos esporádicos. Buscan que este proceso aliente a otras mujeres de su comunidad a denunciar ya que, en Manta y Vilca, y en la sierra en general, se sigue violando a niñas y nadie dice nada, es lo normal. Solicitaron por eso que las audiencias sean mixtas (públicas y privadas), pero se rechazó el pedido pretextando el derecho a reserva que ellas poseen, se argumenta que de esta forma se busca proteger su integridad. Contrariamente al propósito, se les niega el derecho a que se conozca la verdad y, en última instancia, a los únicos que se protegería con esta medida es a los militares acusados que niegan lo sucedido y pintan la situación como “la venganza de ex parejas despechadas”.

El reencuentro

El día de inicio de las audiencias, las mujeres llegaron a la Sala Penal Nacional a la hora acordada y volvieron a ver a los militares que cambiaron sus vidas por completo. Para sorpresa de ellas y su pequeño grupo de apoyo- Demus y otros colectivos feministas- el juicio se suspendió porque uno de los abogados de la parte inculpada no se presentó. El proceso de justicia se sigue alargando y los detalles de lo ocurrido se escapan de las memorias sin mitigar el dolor. Probar el delito se vuelve cada vez más difícil, el tiempo no perdona. En mayo se cumplió 33 años desde que bases militares entraron a las comunidades huancavelicanas de Manta y Vilca haciendo uso del estado de emergencia y violaron a las mujeres de la localidad, mayoritariamente niñas y adolescentes.

Ya conocen lo que es ser mujer y campesina a la vez.

 

La dignidad tiene cara de mujer

 

El 2 de julio de 1983, en la provincia de Huamanga – Ayacucho, y el contexto del conflicto interno, los militares irrumpieron en la vivienda de Arquímedes Ascarza Mendoza y se lo llevaron al cuartel de Los Cabitos en el que se torturó, asesinó y quemó los restos de al menos 53 personas, casi en su totalidad campesinos y estudiantes. Desde ese día su madre Angélica Mendoza de Ascarza no lo volvió a ver, ese fue el inicio de su tormento, pero también el de su lucha (puedes encontrar su testimonio en el LUM).

El secuestro de Arquímedes no fue un hecho aislado, la época del terror dejó a más de 16 mil desaparecidos. La mayoría, según la CVR, víctima de los movimientos subversivos, no obstante, debemos tener claro que también muchos por las fuerzas del orden quienes tenían la responsabilidad de protegerlos.

Angélica Mendoza no se quedó callada y a pesar de ser acusada varias veces de “terruca” reclamó por su hijo a pesar de que corría riesgos, denunció los hechos con voz alta y en quechua por más que era pequeña, y fundó, dos meses después de la desaparición de Arquímedes, la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos ANFASEP, junto a 5 madres más.

Su amor fue más grande que su temor. Es así como se volvió en la mujer símbolo de la búsqueda de verdad y justicia no solo para Arquímedes sino para todos los desaparecidos en época del conflicto armado interno.

Después de más de 30 años de incansable búsqueda, halló una tardía e inconclusa justicia con la sentencia de dos mandos militares a penas de 25 y 30 años de prisión como parte del Caso emblemático Los Cabitos, el pasado 18 de agosto del 2017.

“Se ha dado lectura de sentencia al caso Cabitos y las familias han conseguido un poco de justicia, hay culpables declarados, sin embargo, debemos seguir atentos para que esta se consolide y siente un precedente para nuestra memoria, para nuestra lucha, para la paz y justicia para las familias de Ayacucho y del Perú. Muchas gracias quienes estuvieron con las familias hasta el final de este largo proces”, escribió Mamá Angélica en su cuenta de Facebook por la ocasión a pesar de que no pudo asistir a la lectura de la sentencia porque ya se encontraba mal de salud.

Mamá Angélica murió ayer 28 de agosto del 2017. Nunca encontró a Arquímedes o sus restos y en realidad ni supo con certeza lo que le sucedió.