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Esclavitud posmoderno y liberal

Jovi Herrera Alania y Jorge Luis Huamán Villalobos trabajaban en las peores condiciones que alguien podría imaginar. Eran encerrados en containers durante doce horas. Un lugar que no ha sido contemplado para ser usada como habitación para humanos, que no cuenta ni con un baño. Durante oda la jornada se dedicaban a cambiar las marcas de diferentes productos, para que se puedan vender más caro, por supuesto. Más ganancias para Johny Coico Sirlopu, el empleador, que les pagaba 10 soles por día. Sin duda la actividad era ilícita.

Coico Sirlopu se ha ganado el repudio de la población por ser el autor mediato de las muertes. Sin embargo, poco a poco los medios
de comunicación han barajado los nombres de los otros presuntos responsables; todos autoridades porque, ¿cómo es posible que
se trate tan inhumanamente a dos jóvenes y el Estado no haya podido condenarlo?


Bueno, como para agrandar frustración, recién la sociedad se entera que estos casos no son aislados. Muchas personas viven esa misma realidad, día a día, hasta que ya no vivan más. Es importante, entonces, analizar el desempeño del encargado del sector trabajo, el ministro Alfonso Grados quien, justamente, ha anunciado que el 28 de julio anunciará su nueva reforma laboral ¿Su objetivo? La formalización.

Para el problema de la juventud

La estrella del paquete es la Ley que Promueve la Contratación Formal de los Jóvenes, bautizada por los contrarios a esta como “Ley Pulpín 2.0. Está polémica propuesta tiene como fin incentivar la contratación de los jóvenes subsidiando el costo del seguro médico en EsSalud por tres años. Es importante tener claro que la mayor cantidad de informalidad juvenil se concentra en las microempresas, estas aportan al Seguro Integral de Salud (SIS). En cambio, las que sí

aportan a EsSalud son las medianas y grandes empresas, estas dos serían las beneficiadas con la medida. “Si en todo caso se quiere considerar el dar algún subsidio, este debería estar enfocado en las microempresas, que son aquellas que por su tamaño no pueden asumir algunos costos. Pero estos no son los problemas de las MYPEs porque actualmente su régimen ha eliminado derechos laborales para sus trabajadores, no reciben bonificaciones ni CTS. A pesar de ello no se formalizan”, argumenta Javier Rocca, abogado

laboralista y férreo detractor de la gestión de Grados.

El periodista y antropólogo Jaime de Althaus, en cambio, ve con buenos ojos la iniciativa “Tal vez con ella (la ley) no se solucione todo el problema del sector laboral, pero sin duda es un gran avance. Las empresas necesitan ver que la formalidad les traerá beneficios y que no solo significarán duras fiscalizaciones y más gastos.

 

Los tres regímenes

Otra intención que ha manifestado el titular de Trabajo y Promoción del Empleo es el de consolidar tres regímenes laborales: el régimen general, el régimen de exportaciones no tradicionales y el régimen de micro y pequeña empresa (MYPE). Estos dos últimos, son regímenes adaptados a la naturaleza de una industria específica. Nuevamente se aprecian posiciones contrarias. Sobre el régimen de exportaciones no tradicionales, por ejemplo, es celebrada por la Asociación de Exportadores (ADEX) y rechazada por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).

Juan Varillas, presidente de ADEX, se manifestó sobre ella en un comunicado: “genera alrededor de 80 mil puestos de trabajo y permite a las empresas que exportan productos con valor agregado
planificar su producción de manera adecuada y real, por lo que es un verdadero promotor del comercio exterior y la generación de empleo formal”. En las antípodas se encuentra el secretario general de la CGTP, Gerónimo López Sevillano, quien nos asegura que “En la contratación por exportación, el trabajador se encuentra de
por vida contratado a plazo fijo. Eso hace que no ejerza sus derechos colectivos, tiene miedo a las represalias que se podrían dar. Guarda relación con que en el Perú la tasa de sindicalización llegue al 2.5% de la PEA [Población Económicamente Activa], una de las menores tasas en el mundo”.

 

La salud del trabajador

Una de las medidas más debatidas es la promulgada en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Antes era obligatorio para el empleador realizar exámenes médicos ocupacionales a sus trabajadores antes de ingresar a la empresa, cada dos años y al dejar de laborar. Así se certificaba en qué condiciones se entraba a laborar y en cuáles se salía, producto del trabajo, respaldando la integridad del trabajador. Ahora las evaluaciones médicas son sólo cada dos años, y sólo si el empleado lo solicita, al salir de la empresa.

“¿De qué me sirve el de salida si no puedo demostrar las condiciones en las que entré?” se pregunta el dirigente sindical. Mientras que, por otro lado, de Althaus se plantea “¿De qué me va a servir tener leyes que sobreprotejan a los trabajadores si esto hará que se los contrate ilegalmente y no se los proteja ni en lo más mínimo?” Dos retóricas sumamente diferentes, sin duda ideologías diferentes también ¿Resultados? Opuestos. Esperemos que Grados escoja las que traigan el bien para los trabajadores, para que ningún derecho se vuelva a violar.

Las mujeres de Manta y Vilca desde 1984

“Justicia que tarda no es justicia”, reclaman con lágrimas en los ojos las nueve mujeres víctimas de las comunidades huancavelicanas de Manta y Vilca -del caso Manta y Vilca-. Y es que tuvieron que pasar 31 años para que se les abra juicio a los 14 militares que durante el conflicto armado interno torturaron y abusaron sexualmente de ellas. Han pasado dos años más y el proceso no avanza.

No quieren que se conozcan sus nombres, no es relevante en los hechos que aquí se relatarán. Lo relevante es que en ese entonces tan solo eran niñas y adolescentes. Fueron violadas sexualmente por militares de forma sistemática para lograr confesiones y “establecer jerarquías”. La lógica justificadora: eran terrucas, pues; si lo negaban estaban mintiendo y necesitaban de “incentivos” para la revelación; si lo aceptaban merecían más… porque eran terrucas. Viviendo este infierno, gran parte de ellas quedaron embarazadas.

Todo comenzó un 21 de mayo de 1984, fecha que las mujeres de Manta y Vilca nunca olvidarán. Ese día bases militares entraron a sus comunidades haciendo uso del estado de emergencia y alegando que los lugares eran “territorio libre” lleno de terroristas. Sus vidas iban a cambiar, aunque no del modo que ellas imaginaban. Iban a tomar consciencia del modo más duro de lo que es ser mujer y campesina. Esos factores que juntos- en un país machista, impune, centralista y discriminador- te hacen tropezar cada vez que te quieres volver a levantar. No deberían agradecerlo- pero las nueve mujeres de la localidad que ahora disputan un juicio con las fuerzas del orden, esas que debieron cuidarlas- tienen suerte de hablar y de gritar fuerte sus tristes historias. Porque pueden, porque muchas otras no pudieron.

“Las víctimas sufrieron porque nadie les creyó, las responsabilizaron de lo que les había sucedido. Dejaron sus tierras porque en vez de apoyo recibieron maltratos. Tenían entre 14 a 16 años, muchas estaban embarazadas y solas. Pasaron dificultades; no pudieron estudiar, todas sus oportunidades se vieron melladas y disminuidas al desarrollo natural de otras mujeres de su misma generación.”, cuenta Mariel Távara, psicóloga de la ONG Demus, que viene tratando a tres de ellas desde hace siete años. Comenta además que sus tres pacientes sufren ideas paranoicas de persecución y cuadros de depresión, todo como secuela de los hechos traumáticos que les tocó vivir.

En el 2000, por trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), se recogieron 24 testimonios de víctimas que se hicieron de conocimiento público tres años después, con el Informe Final. Tremendo escándalo hubiera sido esperable con la divulgación de tales hechos, pero no. Pasaron los años y el Ministerio Público nunca realizó denuncia alguna. Después de tanto esperar, cuatro años desde la publicación, nueve de las mujeres de la comunidad decidieron denunciar penalmente a sus agresores. Pero llevarlo a cabo no fue una tarea fácil.

Búsqueda de justicia

Ellas cuentan que de las muchas instituciones a las que acudieron, algunas las ignoraron completamente, mientras que otras manifestaron que el caso ya había prescrito y que lo máximo que se podía pedir, en los casos de las que tuvieron hijos producto de la agresión, era que se los reconozcan. Y es que sufrieron de una indiferencia tan metódica que recuerdan como un logro la primera vez que sintieron que alguien del Estado admitía lo que les había sucedido. Fue un fiscal de Huancavelica que escuchó sus testimonios y les dijo que lamentaba mucho lo que les había pasado y que él iba a acusar. Y lo hizo, gracias al fiscal Juan Borja se pudo tener el juicio basándose en que constituía un crimen de lesa humanidad. Alguien las escuchaba y validaba sus historias.

Programaron el 17 de abril del presente año como la fecha en la que iniciaría la toma de sus declaraciones. El juez tomó la decisión de que las audiencias se realizarían con los inculpados presentes. Las mujeres agraviadas aceptaron la medida, aunque esta las afectó de forma notoria, incluso debieron prepararse psicológicamente para el momento. Es que no habían vuelto a tener contacto con sus victimarios desde que ocurrieron los hechos. En ellas la cercanía a estos hombres transforma sus rabias en miedos, vuelven a ser aquellas chiquillas que se sentían impotentes e inferiores en manos de la autoridad, que no discernían bien quienes eran los buenos en esta historia del conflicto interno en el Perú.

Otra circunstancia que llamó la atención fue la decisión de la Sala Penal Nacional de declarar a las audiencias de carácter privado, nadie puede oír lo que allí se cuente. Las mujeres admiten que aún no se sienten listas para contar detalles de los eventos por los que pasaron, pero sí desean que se conozca a grandes rasgos la situación, ya que aseguran que lo que sufrieron no fueron actos esporádicos. Buscan que este proceso aliente a otras mujeres de su comunidad a denunciar ya que, en Manta y Vilca, y en la sierra en general, se sigue violando a niñas y nadie dice nada, es lo normal. Solicitaron por eso que las audiencias sean mixtas (públicas y privadas), pero se rechazó el pedido pretextando el derecho a reserva que ellas poseen, se argumenta que de esta forma se busca proteger su integridad. Contrariamente al propósito, se les niega el derecho a que se conozca la verdad y, en última instancia, a los únicos que se protegería con esta medida es a los militares acusados que niegan lo sucedido y pintan la situación como “la venganza de ex parejas despechadas”.

El reencuentro

El día de inicio de las audiencias, las mujeres llegaron a la Sala Penal Nacional a la hora acordada y volvieron a ver a los militares que cambiaron sus vidas por completo. Para sorpresa de ellas y su pequeño grupo de apoyo- Demus y otros colectivos feministas- el juicio se suspendió porque uno de los abogados de la parte inculpada no se presentó. El proceso de justicia se sigue alargando y los detalles de lo ocurrido se escapan de las memorias sin mitigar el dolor. Probar el delito se vuelve cada vez más difícil, el tiempo no perdona. En mayo se cumplió 33 años desde que bases militares entraron a las comunidades huancavelicanas de Manta y Vilca haciendo uso del estado de emergencia y violaron a las mujeres de la localidad, mayoritariamente niñas y adolescentes.

Ya conocen lo que es ser mujer y campesina a la vez.

 

La dignidad tiene cara de mujer

 

El 2 de julio de 1983, en la provincia de Huamanga – Ayacucho, y el contexto del conflicto interno, los militares irrumpieron en la vivienda de Arquímedes Ascarza Mendoza y se lo llevaron al cuartel de Los Cabitos en el que se torturó, asesinó y quemó los restos de al menos 53 personas, casi en su totalidad campesinos y estudiantes. Desde ese día su madre Angélica Mendoza de Ascarza no lo volvió a ver, ese fue el inicio de su tormento, pero también el de su lucha (puedes encontrar su testimonio en el LUM).

El secuestro de Arquímedes no fue un hecho aislado, la época del terror dejó a más de 16 mil desaparecidos. La mayoría, según la CVR, víctima de los movimientos subversivos, no obstante, debemos tener claro que también muchos por las fuerzas del orden quienes tenían la responsabilidad de protegerlos.

Angélica Mendoza no se quedó callada y a pesar de ser acusada varias veces de “terruca” reclamó por su hijo a pesar de que corría riesgos, denunció los hechos con voz alta y en quechua por más que era pequeña, y fundó, dos meses después de la desaparición de Arquímedes, la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos ANFASEP, junto a 5 madres más.

Su amor fue más grande que su temor. Es así como se volvió en la mujer símbolo de la búsqueda de verdad y justicia no solo para Arquímedes sino para todos los desaparecidos en época del conflicto armado interno.

Después de más de 30 años de incansable búsqueda, halló una tardía e inconclusa justicia con la sentencia de dos mandos militares a penas de 25 y 30 años de prisión como parte del Caso emblemático Los Cabitos, el pasado 18 de agosto del 2017.

“Se ha dado lectura de sentencia al caso Cabitos y las familias han conseguido un poco de justicia, hay culpables declarados, sin embargo, debemos seguir atentos para que esta se consolide y siente un precedente para nuestra memoria, para nuestra lucha, para la paz y justicia para las familias de Ayacucho y del Perú. Muchas gracias quienes estuvieron con las familias hasta el final de este largo proces”, escribió Mamá Angélica en su cuenta de Facebook por la ocasión a pesar de que no pudo asistir a la lectura de la sentencia porque ya se encontraba mal de salud.

Mamá Angélica murió ayer 28 de agosto del 2017. Nunca encontró a Arquímedes o sus restos y en realidad ni supo con certeza lo que le sucedió.