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Las mujeres de Manta y Vilca desde 1984

“Justicia que tarda no es justicia”, reclaman con lágrimas en los ojos las nueve mujeres víctimas de las comunidades huancavelicanas de Manta y Vilca -del caso Manta y Vilca-. Y es que tuvieron que pasar 31 años para que se les abra juicio a los 14 militares que durante el conflicto armado interno torturaron y abusaron sexualmente de ellas. Han pasado dos años más y el proceso no avanza.

No quieren que se conozcan sus nombres, no es relevante en los hechos que aquí se relatarán. Lo relevante es que en ese entonces tan solo eran niñas y adolescentes. Fueron violadas sexualmente por militares de forma sistemática para lograr confesiones y “establecer jerarquías”. La lógica justificadora: eran terrucas, pues; si lo negaban estaban mintiendo y necesitaban de “incentivos” para la revelación; si lo aceptaban merecían más… porque eran terrucas. Viviendo este infierno, gran parte de ellas quedaron embarazadas.

Todo comenzó un 21 de mayo de 1984, fecha que las mujeres de Manta y Vilca nunca olvidarán. Ese día bases militares entraron a sus comunidades haciendo uso del estado de emergencia y alegando que los lugares eran “territorio libre” lleno de terroristas. Sus vidas iban a cambiar, aunque no del modo que ellas imaginaban. Iban a tomar consciencia del modo más duro de lo que es ser mujer y campesina. Esos factores que juntos- en un país machista, impune, centralista y discriminador- te hacen tropezar cada vez que te quieres volver a levantar. No deberían agradecerlo- pero las nueve mujeres de la localidad que ahora disputan un juicio con las fuerzas del orden, esas que debieron cuidarlas- tienen suerte de hablar y de gritar fuerte sus tristes historias. Porque pueden, porque muchas otras no pudieron.

“Las víctimas sufrieron porque nadie les creyó, las responsabilizaron de lo que les había sucedido. Dejaron sus tierras porque en vez de apoyo recibieron maltratos. Tenían entre 14 a 16 años, muchas estaban embarazadas y solas. Pasaron dificultades; no pudieron estudiar, todas sus oportunidades se vieron melladas y disminuidas al desarrollo natural de otras mujeres de su misma generación.”, cuenta Mariel Távara, psicóloga de la ONG Demus, que viene tratando a tres de ellas desde hace siete años. Comenta además que sus tres pacientes sufren ideas paranoicas de persecución y cuadros de depresión, todo como secuela de los hechos traumáticos que les tocó vivir.

En el 2000, por trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), se recogieron 24 testimonios de víctimas que se hicieron de conocimiento público tres años después, con el Informe Final. Tremendo escándalo hubiera sido esperable con la divulgación de tales hechos, pero no. Pasaron los años y el Ministerio Público nunca realizó denuncia alguna. Después de tanto esperar, cuatro años desde la publicación, nueve de las mujeres de la comunidad decidieron denunciar penalmente a sus agresores. Pero llevarlo a cabo no fue una tarea fácil.

 

Búsqueda de justicia

Ellas cuentan que de las muchas instituciones a las que acudieron, algunas las ignoraron completamente, mientras que otras manifestaron que el caso ya había prescrito y que lo máximo que se podía pedir, en los casos de las que tuvieron hijos producto de la agresión, era que se los reconozcan. Y es que sufrieron de una indiferencia tan metódica que recuerdan como un logro la primera vez que sintieron que alguien del Estado admitía lo que les había sucedido. Fue un fiscal de Huancavelica que escuchó sus testimonios y les dijo que lamentaba mucho lo que les había pasado y que él iba a acusar. Y lo hizo, gracias al fiscal Juan Borja se pudo tener el juicio basándose en que constituía un crimen de lesa humanidad. Alguien las escuchaba y validaba sus historias.

Programaron el 17 de abril del presente año como la fecha en la que iniciaría la toma de sus declaraciones. El juez tomó la decisión de que las audiencias se realizarían con los inculpados presentes. Las mujeres agraviadas aceptaron la medida, aunque esta las afectó de forma notoria, incluso debieron prepararse psicológicamente para el momento. Es que no habían vuelto a tener contacto con sus victimarios desde que ocurrieron los hechos. En ellas la cercanía a estos hombres transforma sus rabias en miedos, vuelven a ser aquellas chiquillas que se sentían impotentes e inferiores en manos de la autoridad, que no discernían bien quienes eran los buenos en esta historia del conflicto interno en el Perú.

Otra circunstancia que llamó la atención fue la decisión de la Sala Penal Nacional de declarar a las audiencias de carácter privado, nadie puede oír lo que allí se cuente. Las mujeres admiten que aún no se sienten listas para contar detalles de los eventos por los que pasaron, pero sí desean que se conozca a grandes rasgos la situación, ya que aseguran que lo que sufrieron no fueron actos esporádicos. Buscan que este proceso aliente a otras mujeres de su comunidad a denunciar ya que, en Manta y Vilca, y en la sierra en general, se sigue violando a niñas y nadie dice nada, es lo normal. Solicitaron por eso que las audiencias sean mixtas (públicas y privadas), pero se rechazó el pedido pretextando el derecho a reserva que ellas poseen, se argumenta que de esta forma se busca proteger su integridad. Contrariamente al propósito, se les niega el derecho a que se conozca la verdad y, en última instancia, a los únicos que se protegería con esta medida es a los militares acusados que niegan lo sucedido y pintan la situación como “la venganza de ex parejas despechadas”.

 

El reencuentro

El día de inicio de las audiencias, las mujeres llegaron a la Sala Penal Nacional a la hora acordada y volvieron a ver a los militares que cambiaron sus vidas por completo. Para sorpresa de ellas y su pequeño grupo de apoyo- Demus y otros colectivos feministas- el juicio se suspendió porque uno de los abogados de la parte inculpada no se presentó. El proceso de justicia se sigue alargando y los detalles de lo ocurrido se escapan de las memorias sin mitigar el dolor. Probar el delito se vuelve cada vez más difícil, el tiempo no perdona. En mayo se cumplió 33 años desde que bases militares entraron a las comunidades huancavelicanas de Manta y Vilca haciendo uso del estado de emergencia y violaron a las mujeres de la localidad, mayoritariamente niñas y adolescentes.

Ya conocen lo que es ser mujer y campesina a la vez.